Este viernes, en simultáneo con los consejos superiores del resto de las universidades nacionales, sesionó en forma extraordinaria y de modo híbrido la Comisión de Interpretación y Reglamento del órgano colegiado de la UNViMe, reunión que fue presidida por el rector Marcelo Sosa.
En el contexto de las restricciones económicas que impone el gobierno nacional al sistema universitario, los consejeros fueron tomando la palabra y llamaron a estrechar filas en defensa de la educación superior, la ciencia y la técnica, en la convicción de que está en juego el futuro de nuestro país.
Po su lado el rector recordó que el financiamiento a la universidad “no es fruto de una decisión política, sino que es un mandato constitucional, que establece que el Estado Nacional debe solventar la educación superior. Por lo tanto, estamos reclamando que el gobierno cumpla con la Constitución”.
Asimismo, instó a “tener mucha presencia en defensa de la universidad pública argentina, y sobre todo que nos podamos encontrar en las calles de la patria para defenderla. No es por nosotros solamente, sino por los alumnos, los docentes, los no docentes, los graduados; y fundamentalmente por los niños que alguna vez van a elegir la universidad pública”.
El Dr. Sosa agradeció a los consejeros la sesión extraordinaria, “porque la situación así lo exige. Hoy nos convoca la defensa de la universidad pública argentina, la defensa de la UNViMe, la defensa del futuro de la República Argentina”, concluyó.
También sumó su apoyo y agradeció el compromiso de los consejeros, el secretario General de SiTUNViMe, Walter Roldán, quien emplazó a toda la comunidad universitaria a “ganar las calles” en defensa de la educación pública, sumándose a la marcha del próximo 2 de octubre.
Finalmente, por unanimidad los consejeros aprobaron la adhesión al comunicado del CIN, que expresa:
“Con la preocupación por un contexto cada vez más difícil, ante la desconsideración y el hostigamiento que no cesan y frente a la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización que ponen al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) levanta nuevamente su voz para reclamar respuestas y convoca a la sociedad argentina a una nueva manifestación en defensa de la educación pública y del sistema universitario público argentino.
Desde principios de año nos pusimos a disposición de las autoridades nacionales para la búsqueda de soluciones y advertimos las dificultades que el sistema universitario atravesaba. Lo hicimos razonablemente, pero con firmeza mientras que soportamos una campaña injusta y falaz, sistemática y planificada, que intenta desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario desmereciendo el esfuerzo de millones de estudiantes y miles de docentes y no docentes de todo el país.
No ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo. Todos los intentos por buscar espacios que permitan gestionar las dificultades para colaborar en la búsqueda de soluciones resultaron infructuosos. Ni la paritaria nacional, ámbito natural para la resolución de controversias, funcionó con continuidad. Hizo falta que la sociedad llenara, conmovedoramente, plazas y calles de todo el país en defensa de la universidad pública para que empezáramos a tener algunas respuestas a las dificultades señaladas; respuestas que prolongaron la agonía, pero que no pudieron, porque no quisieron, resolver los problemas estructurales.
La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. Es inadmisible y profundamente injusto que quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales y, con su trabajo diario permiten que las universidades funcionen, sean hoy los peores pagos y los más perjudicados por los incrementos otorgados. Más del 70 por ciento de las y de los trabajadores de la educación superior perciben salarios por debajo de la línea de pobreza y miles no recibieron incremento alguno desde principios de año.
En ese escenario sombrío, la aprobación en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario para sostener el sistema en el presente año, abrió una esperanza, otorgando previsibilidad en materia presupuestaria y una respuesta a la angustiante situación salarial. Se trata de una ley responsable que resuelve los problemas de manera razonable porque evita comprometer fiscalmente al Estado. A pesar de saberlo fehacientemente, el Gobierno manifestó que optaría por vetarla. La esperanza abrió paso, una vez más, a la incertidumbre.
Al mismo tiempo que se amenaza con el veto, se eleva al Congreso un proyecto de presupuesto para el 2025 que agrava aún más la situación. Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Y ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades.
Un presupuesto es, ante todo, una declaración de principios. Y es evidente que los principios expuestos difieren sustancialmente de lo que entendemos que el país debe priorizar para resolver sus problemas estructurales.
Como argentinas y argentinos, queremos aportar nuestro esfuerzo a la construcción de una economía equilibrada que favorezca el desarrollo y el crecimiento, pero advertimos que será solo una utopía si en un contexto de escasez, cuando deben ponderarse prioridades, no se privilegia la inversión en ciencia y educación.
Es un error concebir como un gasto lo que allí se destina. Incluso desde una perspectiva exclusivamente económica, no resulta razonable menospreciar el valor estratégico que tiene la producción científica y de conocimiento. No en vano los países desarrollados del mundo invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas: saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para crecer descansa en estos aspectos.
Desde Sarmiento, la columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres; y la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente es un sistema universitario público que es patrimonio y orgullo de toda la sociedad argentina. Lo que está en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso.
Reunidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de septiembre del 2024, las rectoras y los rectores de todas las universidades públicas del país, con la convicción de que la educación es la respuesta a todos nuestros problemas y en un grito de auxilio para sostener la universidad que es orgullo de toda la Nación, pedimos:
. Al Sr. Presidente de la Nación, que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025. No hay en las universidades y en la ciencia un problema, allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos.
. A las y los legisladores nacionales, muchas y muchos graduados de la universidad pública y miembros de nuestras comunidades, que, de confirmarse el veto anunciado por el Gobierno nacional, sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de presupuesto 2025 para garantizar al sistema universitario y científico las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento.
. A la sociedad argentina, que supo construir a lo largo de la historia un sistema universitario reconocido en el mundo por su excelencia, que acompañó con extraordinarias movilizaciones cada vez que la historia llamó a su puerta, nuestro sincero agradecimiento, y nuestra invitación a que lo hagamos de nuevo.
Los deseos, las aspiraciones y las luchas de generación tras generación consagradas en derechos, imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible. El compromiso de un país con su sueño de seguir siendo una Nación”.
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2024
