“Es una conquista histórica que debemos defender, porque instauró un modelo que permitió y permite que todas las personas, sean de la clase socioeconómica que sean, puedan acceder a un futuro de esperanza, a través de la profesionalización”, enfatizó.
Agregó que “el verdadero y más genuino puente hacia la movilidad social es la educación, y el libre acceso y no arancelamiento, no son banderas de ningún partido o sector, sino un derecho social y humano que ratificamos en el Día de la Gratuidad Universitaria”.
ANTECEDENTES
El 22 de noviembre se conmemora la sanción de la gratuidad universitaria en nuestro país, logro que se alcanzó en 1949, cuando el entonces presidente Juan Domingo Perón, a través del Decreto 29.337, comprometió al Estado nacional a proporcionar los recursos necesarios para este propósito.
A pesar que la gratuidad no obtuvo rango constitucional, su implementación en 1949 provocó un aumento exponencial de la matrícula estudiantil, pasando de 66.212 estudiantes en 1949 a 135.891 en 1954.
Como antecedente de esta conquista, hay que mencionar la Reforma Universitaria de 1918, apoyada por el entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Esta gesta estudiantil, con epicentro en la Universidad Nacional de Córdoba, buscaba la reforma social y la democratización.
Aunque en 1918 se presentó un proyecto de ley para establecer la gratuidad, este no llegó a tratarse en el congreso. Con el transcurso de los años, todas las universidades argentinas (Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, Tucumán y Del Litoral) eran públicas y aranceladas.
Fue a partir del del Decreto Presidencial N° 29.337 en 1949, que se estableció la gratuidad en todas las universidades públicas del país, con un compromiso gubernamental para su financiamiento. Además, se otorgó carácter institucional a la autonomía universitaria propuesta décadas atrás por los reformistas.
Sin embargo, la gratuidad fue anulada en gobiernos de facto y recuperada definitivamente con la apertura democrática de 1983, y la autonomía fue asumida con jerarquía constitucional en el año 1994, manteniéndose hasta hoy.
ÚLTIMA REFORMA
El Dr. Marcelo Sosa recordó, por otro lado,que el Congreso de la Nación aprobó el 30 de octubre de 2015 una ley que modifica en uno de sus puntos fundamentales la Ley de Educación Superior, sancionada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem.
Respondiendo a una vieja demanda de estudiantes y docentes, el Senado dio la media sanción que faltaba para convertir en ley el proyecto de Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, que establece taxativamente la gratuidad de los estudios superiores, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.
“Esta gratuidad rige – aclaró – para las carreras de grado, no para los posgrados”.
Mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24.521, la norma establece la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado respecto de la educación superior, considerándola un “bien público” y un “derecho humano”, términos que no aparecían en el texto anterior, en el que, según sostienen desde los 90 diversos sectores universitarios, subyacen lineamientos mercantilizadores dictados por los organismos financieros internacionales. La ley reformada explicita que ningún ciudadano puede ser privado del acceso a la universidad por razones personales o de origen social y hace cargo al Estado de garantizar ese derecho.
El bis introducido en el artículo 2 establece, entre otras cosas, “la prohibición de cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos”.
La ley también instala que la responsabilidad del Estado sobre la educación superior implica crear mecanismos de integración con el resto del sistema educativo y con otras casas de altos estudios latinoamericanas, e insta al Estado a “promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales”.
